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España: industria cultural a la espera del gobierno

Luego de que los proveedores de Internet españoles rompieran las negociaciones dejando todo en manos del gobierno, la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha renunciado a sus intenciones de interferir con las conexiones de los usuarios de Internet.

Ante la negativa por parte de los operadores agrupados en Redtel, la coalición (que representa a las sociedades de gestión de derechos, y las industrias discográfica, cinematográfica y de videojuegos) ha propuesto que el gobierno regule sólo la persecución de los sitios que proveen los enlaces para dichas descargas, para que los mismos sean desalojados o bloqueados. Aldo Olcese, presidente de la coalición, aclaró que el sistema de avisos (‘tres faltas’) no ha sido descartado, sino que la nueva política sería una moratoria de un año, durante el cual los usuarios de P2P (eMule, BitTorrent, etc.) gozarían de plena libertad para realizar descargas. Luego de los doce meses se evaluaría la eficacia que la persecución de páginas tiene contra el intercambio de archivos, y se decidiría si se cambia de modelo.

Es bien sabido (especialmente por los dueños de contenidos) que la enorme velocidad con la que las comunidades en línea de intercambio de archivos pueden cambiar de ubicación hace que su persecución en páginas y sitios sea imposible. Si bien por dicho motivo la nueva medida de la coalición es desconcertante (además de dar vía libre a la descarga de música por doce meses sin remunerar a los artistas ni los sellos), en Aliado Digital vemos la movida como la única respuesta que el organismo podía dar ante el cierre de negociaciones por parte de los proveedores de Internet. La ineficacia de la nueva propuesta parece indicar que ambas partes finalmente están de acuerdo en algo: todo queda en manos del gobierno.