Se cierra un año de gran actividad para los debates sobre la piratería de contenidos en España. Mientras que una agrupación acaba de lanzar un nuevo manifiesto sobre la distribución en línea de la propiedad intelectual, la corte suprema ha ratificado una multa a la Asociación de Internautas.
Un grupo de juristas, escritores, músicos y artistas han lanzado un manifiesto en defensa de internet “libre”, que se desmarca a su vez del anterior documento que circulaba en la Red contra los cortes por orden administrativa contemplados en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, al entender que estaba firmado por algunas personas “sólo para oponerse al Gobierno de Zapatero desde la derecha más montaraz”. El nuevo manifiesto apuesta por investigar nuevos modelos de explotación y en el modo de reproducción de las creaciones en el mercado de Internet, ya que “podría suponer un avance para todos”. Entre las propuestas “audaces” que recogen para cambiar el actual modelo, se encuentra la distribución de cine español subvencionado bajo licencia copyleft o la nacionalización de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
En otras noticias, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condenó a la Asociación de Internautas a pagar €18.000 euros a la SGAE por haber alojado en su portal de Internet páginas como ‘www.putasgae.org’ y ‘www.antisgae.internautas.org’, que a su vez contenían expresiones injuriosas contra la sociedad de autores. El conflicto legal se inició en marzo de 2004, cuando la SGAE y su presidente, Eduardo Bautista, interpusieron ante los juzgados de Madrid una demanda contra la Asociación de Internautas. En concreto, la demanda denunciaba que el portal de la AI alojaba dichas páginas, que a su vez contenían expresiones como “matones a sueldo”, “pandillas de mafiosos”, “putos chorizos” o “dice el refrán que quién roba a un ladrón tiene cien años de perdón”.
Quizás lo que más vale la pena remarcar con respecto a este año es que el gobierno ha dado signos de tener un mayor interés en el conflicto entre los dueños de contenidos, los proveedores de Internet, y los usuarios de la red. Cabe recordar que a mediados de 2009 RedTel (asociación que representa a los principales proveedores de Internet españoles) había anunciado que no volvería a negociar con la Coalición de Creadores (representantes de la industria audiovisual) hasta que el gobierno regularice las descargas en Internet. Pocos días después, la coalición renunció a sus intenciones de interferir con las conexiones de los usuarios de Internet, dejando todo en manos del gobierno. Si bien los desatinos del poder ejecutivo y los aportes del legislativo han estado lejos de presentar una solución con la robustez necesaria para conducir a una resolución del conflicto, quizás la mayor presencia que ha tenido el tema este año finalmente lleve a que en 2010 se vislumbre un camino hacia soluciones más concretas.


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