Su aliado en el negocio de música digitalLuego de todas las idas y vueltas, el gobierno español ha definido un modelo que permitirá el bloqueo páginas con contenidos ilegales a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa.
Dicha comisión tendrá la potestad de pedir autorización judicial para que la página que vulnere los derechos de propiedad intelectual retire los contenidos ilícitos o, en su caso, sea bloqueada. El juez deberá decidir si la solicitud está fundamentada, si la comisión es competente para pedir el bloqueo de esa página y si al hacerlo no se vulnera ningún derecho fundamental. El trámite entre la solicitud del cierre de la web y la concesión o denegación del mismo será “brevísimo”, menos de un mes, y, en “casos especiales, incluso en una semana”, según fuentes del Ejecutivo. El tema sería abordado en la reunión del Consejo de Ministros del próximo día 8.
“La Coalición no tiene confirmación de ese procedimiento, pero va en la línea del diálogo que mantuvimos con el Gobierno. Lo que nosotros pretendemos es que haya un proceso muy garantista para con las páginas web y nos parece óptimo que exista esa garantía judicial. Respecto a los plazos, lo que no puede ser es lo que pasa ahora: crear una página web ilegal cuesta un día y cerrarla, por la vía administrativa o judicial ordinaria, seis años”, señala Joan Navarro, portavoz de la Coalición de Creadores, que agrupa a la industria cultural y audiovisual,
Por su parte, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, se ha mostrado más crítico señalando que “El Gobierno quiere hacer un requiebro para saltarse las garantías judiciales porque lo que busca, en realidad, es hacer ilegal algo que ahora mismo no lo es, como son las descargas. Cualquier regulación sobre un derecho fundamental como el del acceso a Internet o de publicación de contenidos en la Red debe requerir la aprobación previa del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. No basta un reglamento: es preciso retirar la disposición final de la ley de Economía Sostenible”.
Fuente: El País
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Durante noviembre pasado fue en Buenos Aires el BAFIM (FESTIVAL DE MUSICA DE BUENOS AIRES), en el marco del festival expuso Carlos García Doval, de ProMusicaE.
Fue muy interesante la exposición que hizo sobre lo que denominó la piratería de las descargas de música.
Hizo una descripción acerca de la gran variedad de propuestas que denominó como legales, que se brindan en España, desde las cuales se puede acceder a descargas de música por alguna suma de dinero. Y se lamentó que pese a esto la gente sigue prefiriendo en España el acceso irrestricto a descargar música.
Entre estas opciones ofrecidas por las grandes compañías discográficas comentó la que ofrecen las operadoras de telefonía móvil, que por un abono muy accesible incluyen su servicio y la posibilidad de descargas sin límites de música. El problema apareció cuando le pregunté: “disculpa, pero del precio del abono que cobran las operadoras supongo que una buena parte es para pagar el propio servicio de telefonía móvil, el acceso a Internet, el ancho de banda utilizado, los servidores que tienen y demás cosas, entonces tengo una duda, le dije, ¿cuánto cobran los artistas por cada canción descargada?” A lo que me respondió con una tímida media sonrisa. “Ves”, le dije, “buscabas piratas, pues aquí los tienes, son estas enormes empresas para las que la música es una escusa para la venta de celulares, servicios de internet, merchanising, etc, etc. pero de cuyos beneficios los artistas ni se enteran”.
El resto de las exposiciones fue del mismo tenor, un gran lamento que más se parece a un mecanismo de ganar tiempo para maximizar las ganancias que las nuevas tecnologías abren e impedir la entrada de nuevos jugadores al mercado, que de libre nunca tuvo demasiado.
Les saludo afectuosamente y gracias por las noticias que nos hacen llegar a diario.
Qué buen comentario!
Hasta que por fin alguien dijo las cosas como deben ser, las compañias grandes hacen de las suyas y no pasa nada.