España: pleito por canon digital llega al Tribunal Europeo

La disputa se centra en si quien no usa los soportes informáticos para obtener una copia privada debe pagar también el canon. El conflicto nace de una demanda de las sociedades de gestión contra una tienda.

Un pleito de una tienda barcelonesa, Traxtore, por impago del canon digital ha llegado hoy al Tribunal Europeo de Luxemburgo. Traxtore fue denunciada por las sociedades de gestión españolas en marzo de 2006. En 2007, un juez sentenció que debía pagar 16.000 euros por haber efectuado compras desde 2002 sin pagar el canon. La empresa recurrió a la Audiencia de Barcelona y entre su argumentario adjuntaba una respuesta del entonces comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea a la pregunta de un eurodiputado español en la que se afirmaba que “sólo deben gravarse con cánones los soportes y equipos que efectivamente se utilicen para hacer copias realmente destinadas a uso privado.

La Comisión considera que los equipos utilizados con fines comerciales, en empresas o en administraciones públicas, no deberían gravarse con cánones”. Según esta respuesta “el canon sobre productos digitales implantado en España se aplica a soportes y aparatos sin hacer distinción entre los consumidores que se proponen utilizarlos para la reproducción de material protegido y los que no tienen tal propósito”.

En el recurso ante la Audiencia de Barcelona el abogado de la empresa, Josep Jover, volvió a solicitar que ante la confusión interpretativa del alcance que debe tener el pago del canon se consultara a las instancias europeas. Esta petición, que había sido rechazada por el primer juez, fue escuchada en la Audiencia. Por esta razón, ahora ha llegado a Luxemburgo.

El 11 de mayo la abogada general del Tribunal elevará sus conclusiones y la sentencia llegará tras las vacaciones de verano. Lo que dictamine el tribunal de Luxemburgo generará una obligación de interpretación en todos los estados miembros de la Unión Europea. Según cual sea la misma, España y todos los países que aplican el canon con los mismos criterios podrían verse obligados a corregirlos.

Fuente: El País